Establece las “Normas específicas para personas naturales residentes y personas jurídicas establecidas en el país en la prevención a la proliferación de armas de destrucción masiva”.

Lista de Sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU.

Adiciona nuevas sustancias químicas a las establecidas en el Decreto-Ley No. 202 de 1999 “Sobre la prohibición del desarrollo, la producción, el almacenamiento y el empleo de armas químicas y sobre su destrucción”.

Convoca a la Inscripción de las armas de fuego y Renovación de las Licencias para portarlas, con el fin de mantener un control y fiscalización de las armas de fuego y municiones

Pone en vigor el Reglamento del Decreto-Ley 262 “Sobre Armas y Miniciones”. Establece a su vez las excepciones a la aplicación de este Reglamento, entre otras cuestiones referentes a las armas de fuego.

Establece el Procedimiento para la aplicación de sanciones financieras en cumplimiento de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas relativas a la prevención y represión de conductas relacionadas al terrorismo, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas.

Emisión de la Guía Metodológica "De la prevención y detección de operaciones en el enfrentamiento al lavado de activos, al financiamiento al terrorismo y al movimiento de capitales ilícitos y la evaluación y aplicación del enfoque basado en los riesgos nacionales".

Constituye el Comité Coordinador con los representantes designados por los órganos u organismos de la Administración Central del Estado que actúan como miembros permanentes, de conformidad con lo establecido en el artículo 19.2 del Decreto Ley No. 317 de 7 de diciembre de 2013, "De la prevención y detección de operaciones en el enfrentamiento al lavado de activos, al financiamiento al terrorismo, a la proliferación de armas y al movimiento de capitales ilícitos".

Aprueba el Reglamento para la cooperación entre Estados y las relaciones entre el Consejo de Seguridad y las Entidades Nacionales en lo relativo a la prevención y enfrentamiento al lavado de activos, al financiamiento al terrorismo, a la proliferación de armas y al movimiento de capitales ilícitos.

Dispone la obligación de los abogados, notarios y consultores jurídicos de reportar las operaciones que puedan presumirse de lavado de activos, financiamiento al terrorismo, proliferación de armas y otras relacionadas de similar gravedad que conzcan por el ejercicio de sus obligaciones y atribuciones a la Dirección General de Investigación de Operaciones Financieras del Banco Central.