Modifica en el Apartado Cuarto de la Resolución No. 3/2001, “Que dispone la Reinscripción General, y Cambio de Chapas de Identificación y de Licencia de Circulación de los Vehículos de Motor, Remolques y Semirremolques en el país”, lo referente a los vehículos que se les asigna la Chapa Azul.

Aprueba el Reglamento del Decreto-Ley “DEL SISTEMA DE IDENTIFICACION  Y DEL REGISTRO DE ELECTORES”.

Pone en vigor el Reglamento del Decreto-Ley 262 “Sobre Armas y Miniciones”. Establece a su vez las excepciones a la aplicación de este Reglamento, entre otras cuestiones referentes a las armas de fuego.

Mediante esta se establece la Requisitoria para que comparezca hasta el día 23 de agosto de 2010 el acusado chileno Joel Max Marambío Rodríguez, ante el Teniente Coronel Francisco Miguel Estrada Portales, Instructor del Organo de Instrucción del Ministerio del Interior de la República de Cuba, y se exhorta a las autoridades para que procedan a su búsqueda y captura.

Mediante esta se cita para que comparezca el 29 de julio de 2010, ante el Teniente Coronel Francisco Miguel Estrada Portales, Instructor del Organo de Instrucción del Ministerio del Interior de la República de Cuba, al acusado chileno Joel Max Marambío Rodríguez, apercibiéndolo que de no comparecer se libra la correspondiente Requisitoria.

Prohibe la utilización de sustancias halogenadas en sistemas y medios de protección contra incendios por parte de entidades autorizadas para realizar esta actividad.

Establece el Procedimiento para la aplicación de sanciones financieras en cumplimiento de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas relativas a la prevención y represión de conductas relacionadas al terrorismo, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas.

Deroga la Resolución Conjunta suscrita por el Presidente del Instituto Nacional de la Vivienda y los ministros de Justicia y del Interior en fecha 22 de agosto de 1995, sobre la ejecución de las diligencias para el cumplimiento de la Ley No. 989, de 5 de diciembre de 1961; con el fin de que cada organismo establezca lo que a cada uno compete con respecto a la disposición de la vivienda y los bienes muebles que poseen las personas que pretenden emigrar