Autoriza a los contralores jefes provinciales, en cada uno de sus respectivos territorios, a conocer, tramitar, y evaluar los recursos de Apelación que se presenten por parte de los controlados, que discrepen total o parcialmente, con los resultados obtenidos, en la relación con la ejecución de la VIII Comprobación Nacional al Sistema de Control Interno  correspondiente al año 2013.

Establece que, a partir de la entrada en vigor, el 1 de octubre de 2013, del Decreto-Ley No. 310, de 29 de mayo de 2013, Modificativo del Código Penal y de la Ley de Procedimiento Penal, las disposiciones que permiten la actuación uniforme de los tribunales para la tramitación de los procesos en que se hayan interpuestos recursos de Apelación y se encuentren pendientes de resolver, y para la tramitación y decisión de esos recursos en lo sucesivo, por los Tribunales Provinciales Populares.

Establece los procedimientos para la ejecución de resoluciones firmes dictadas en los procesos laborales, las solicitudes de ejecución, el requerimiento, el recurso de súplica, el establecimiento de la cuantía indemnizatoria.