Hace precisiones sobre la aplicación retroactiva de la nueva ley penal, a partir de su entrada en vigor.

Establece las precisiones a tener en cuenta en la tramitación de los asuntos judiciales que afecten sensiblemente el adecuado funcionamiento de la sociedad en la actual coyuntura.

Dispone  precisiones  sobre el procedimiento excarcelación anticipada de los sancionados no residentes en Cuba.

Establece precisiones a cumplir en los procesos ordinarios y ejecutivos de la materia mercantil, en especial sobre el requisito de procedibilidad previsto en los artículos 522 y 622 del Código de Procesos.

Dispone la constitución del Consejo Técnico Asesor en la Dirección de Tribunales Militares, los tribunales provinciales populares, el Tribunal Especial Popular de Isla de la Juventud y los tribunales militares territoriales, y reglamenta su funcionamiento.

Establece una cuantía mínima para las personas jurídicas, nacionales o extranjeras como requisito para interponer demandas de contenido patrimonial ante las Salas de lo Económico de los Tribunales Provinciales Populares, ascendente a tres mil pesos moneda nacional ($3,000.00 CUP), o moneda libremente convertible ($3,000.00 CUC).

Refiere las Indicaciones para los procesos en tramitación al momento de la entrada en vigor del Decreto-Ley No. 241 de 26 de septiembre de 2006.