Aprueba por unanimidad que el Ministerio de Economía y Planificación, en un plazo de un año, realice un estudio de las dificultades y necesidades que tienen actualmente los Tribunales Populares y las Fiscalías, referidas a condiciones de trabajo y de recursos materiales para el desempeño de su labor, así como de vestuario, alimentación, transporte, y otras, de fiscales y jueces, y presente un plan del Gobierno al Consejo de Estado para darles solución definitiva.