‘‘De los Tribunales Militares’’  

Modifica la denominación, sede y competencia de las estructuras de los tribunales de justicia.

“De los Tribunales de Justicia”.

Modifica el Acuerdo No. 3 de 2020 y actualiza el Acuerdo No. 251 de 2013 restableciendo las competencias de los tribunales municipales populares de Madruga y Güines en cuanto al conocimiento de los procesos judiciales.

Redistribuye las competencias de los tribunales municipales populares de Caimito y Bauta y  en este último, aprueba el aumento de la plantilla incorporando un juez.

Actualiza los Acuerdos No. 251 del año 2013 y No. 3 del año 2020 y en consecuencia los tribunales municipales populares de la provincia Mayabeque conocerán en lo sucesivo, los procesos judiciales de la materia penal, de su competencia, que se originen en sus respectivas demarcaciones.

Asigna el conocimiento de los litigios que se generan a lo interno de las cooperativas no agropecuarias al ámbito jurisdiccional judicial.

Autoriza la modificación de la estructura y competencia de las actuales salas de lo Civil y Administrativo del Tribunal Provincial Popular de La Habana y la creación de una sala para conocer los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en materias civil y familia por los tribunales municipales populares de La Habana, la que se denominará Sala Tercera de lo Civil y Administrativo.

Actualiza su acuerdo número doscientos cincuenta y uno, en el sentido de modificar el conocimiento de la actual sección territorial del Tribunal Municipal Popular de Jovellanos y en consecuencia, su competencia abarca los territorios de Jovellanos y Pedro Betancourt, y el Tribunal Municipal Popular de Perico conocerá de los delitos sancionables con penas de 1 a 8 años de privación de libertad, correspondientes a su territorio, manteniéndose las demás secciones territoriales que aparecen en el referido Acuerdo.

Regula la forma de proceder de los tribunales ante los procesos judiciales interpuestos por las personas a quienes se les hayan confiscado bienes de su propiedad por resolución administrativa dictada por órgano facultado, a tales efectos en el ejercicio de sus funciones.