Establece las tarifas máximas, en moneda nacional (CUP), para los servicios legales que prestan las Consultorías Jurídicas pertenecientes a las direcciones de Justicia de los consejos de la Administración provinciales y del municipio especial Isla de la Juventud, la Organización Nacional de Bufetes Colectivos, las sociedades civiles de servicios jurídicos y otras que prestan estos servicios a entidades estatales y sociedades de capital ciento por ciento cubano, dentro de los límites de su objeto social.

Adiciona una nueva entidad autorizada a realizar actividades de comercio exterior con las formas de gestión no estatal; en moneda libremente convertible.

Adiciona una nueva entidad autorizada a realizar actividades de comercio exterior con las formas de gestión no estatal, en moneda libremente convertible.

Autoriza a dos (2) nuevas entidades importadoras para ejecutar acciones de la cooperación internacional que Cuba recibe.

Aprueba las: “Normas para la Distribución del Ingreso que se recibe por la Exportación e Importación de las Formas de Gestión No Estatal, a través de las Entidades Autorizadas a Realizar Actividades de Comercio Exterior”.

Modifica determinados aspectos de la Resolución 114/20 del MEP que aprueba las “Normas para la Distribución del Ingreso que se recibe por la Exportación e Importación de las Formas de Gestión No Estatal, a través de las Entidades Autorizadas a Realizar Actividades de Comercio Exterior”.

Autoriza a cuatro nuevas entidades a realizar operaciones de importación.

Autoriza a la entidad importadora Empresa Proveedora del MINAL, en forma abreviada PROPES, a ejecutar acciones de la cooperación internacional que Cuba recibe.

Establece que las empresas, cooperativas agropecuarias, propietarios y usufructuarios de tierras y otros productores agropecuarios, pueden vender directamente la totalidad de sus producciones agropecuarias a las entidades que pertenecen al sistema del turismo o contribuyen al aseguramiento de este, con las excepciones correspondientes.

Establece la implementación del uso de la firma digital en los órganos, organismos de la Administración Central del Estado, Banco Central de Cuba, entidades nacionales y órganos locales del Poder Popular.