Deja sin efecto que la Contraloría General de la República avale las auditorias financieras de las empresas que aplican el perfeccionamiento empresarial.

Designa a la Dirección Técnica de Investigación como órgano rector encargado de coordinar la participación del Ministerio de Interior en el enfrentamiento, para prevenir y detectar operaciones de lavado de activos, financiamiento al terrorismo y a la proliferación de armas de destrucción masiva.