Las multas se pagarán en moneda nacional (M.N.) o en moneda libremente convertible (M.L.C), en dependencia de la moneda en que el infractor realice sus operaciones económico-financieras.

METODOLOGIA PARA LA APLICACIÓN DE LAS MULTAS Y DEMAS MEDIDAS POR INCURRIR EN CONTRAVENCIONES PERSONALES DE LAS NORMAS QUE RIGEN EL CONTROL INTERNO Y LA CONTABILIDAD.

Pone en vigor el Procedimiento de Control y Cobro de Multas Fiscales.

Establece los procedimientos para la tramitación de la multa judicial, del delito de incumplimiento de las obligaciones derivadas de la comisión de contravenciones, de las multas procesales y de la conminación económica impuesta por los tribunales de diferentes materias.

Aprueba con carácter experimental, durante cuatro meses, que el cobro de multas impuestas por la Policía Nacional Revolucionaria, en ocasión de la comisión de contravenciones de la Ley No. 60, Código de Vialidad y Tránsito, que se efectúe en Ciudad de La Habana, se realice además de en las Oficinas de Control y Cobro de Multas, en la unidad Zona 6, de la Empresa de Correos de Cuba, sita en Avenida de Independencia s/n esq. a 19 de mayo, en el municipio Plaza de la Revolución.

Establece las autoridades facultadas para conocer las contravenciones y para imponer las multas y demás medidas que correspondan, además refiere las personas facultadas para conocer y resolver los recursos de apelación que se interpongan contra las multas y demás medidas que se impongan.

Elimina como fuente de ingreso al Fondo Nacional de Medio Ambiente los ingresos en moneda nacional provenientes del cobro de las multas de medio ambiente.

Aprueba, que el cobro de multas impuestas por la Policía Nacional Revolucionaria, en ocasión de la comisión de contravenciones de la Ley No. 60, Código de Vialidad y Tránsito, en la ciudad de La Habana, se realice, de forma alternativa, en adición a las oficinas de Control y Cobro de Multas, por las unidades de la Empresa de Correos de Cuba.

Adiciona al Clasificador de Recursos Financieros del Presupuesto del Estado el importe de las multas cobradas por quienes incurran en  contravenciones en materia ambiental y forestal.

Regula lo relativo a las sanciones de conminación económica y multa ante el incumplimiento de una disposición judicial.