Actualiza las regulaciones emitidas por el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular y su Presidente, en lo que atañe al depósito, conservación y disposición de los bienes que se ocupan en los procesos penales y confiscatorios administrativos.

Establece la designación de la Agencia de Control y Supervisión del Ministerio de Comunicaciones como entidad depositaria de los bienes que se ocupan en procesos penales o confiscatorios administrativos.

Establece el procedimiento contable , de precios y financiero, de los bienes ocupados en procesos penales o administrativos confiscatorios.