Aprueba el Procedimiento para la atención a la población y la tramitación de quejas y denuncias vinculadas con la ilegalidad en el control y uso de los recursos del estado; la conducta contraria a la ética y a los principios establecidos y con la corrupción administrativa, así como las peticiones que la población realice vinculadas con las atribuciones y funciones de la Contraloría General de la República de Cuba.