Establece que los precios mayoristas, tarifas técnico-productivas en pesos cubanos y su componente en pesos convertibles y precios de acopio, que son aprobados por los jefes de los organismos de la Administración Central del Estado, las organizaciones superiores de Dirección Empresarial, los presidentes de los consejos de la Administración provinciales del Poder Popular y del municipio especial Isla de la Juventud, los jefes de las administraciones locales de Artemisa y Mayabeque, directores de las empresas y otras personas jurídicas, no pueden ser incrementados a partir de las medidas aprobadas por el Gobierno para potenciar la economía del país en las condiciones actuales e incremento salarial para el sector presupuestado.