Dispone el empleo de las Técnicas Especiales de Investigación en las investigaciones penales cuyos intervinientes estén presuntamente involucrados en actos contra la Seguridad del Estado, de Terrorismo, Tráfico de Drogas, Lavado de Activos, Trata de Personas, de corrupción grave, operaciones cuyo origen o destino sea el exterior del país y otros que por su lesividad, connotación u organización criminal lo requieran.