Autoriza a la Directora General de la sociedad civil de servicio “Consultoría Jurídica Internacional, S.A.”, patrocinada por este Ministerio, el cierre de la Sucursal de esta entidad en el municipio de Matanzas

Autoriza a la Directora General de la sociedad civil de servicio “Consultoría Jurídica Internacional, S.A.”, patrocinada por este Ministerio, la apertura de una Sucursal en la provincia Ciudad de La Habana.

Autoriza a la Directora General de la sociedad civil de servicio “Consultoría Jurídica Internacional, S.A.”, patrocinada por este Ministerio, la apertura de una Oficina de la Sucursal en la provincia Villa Clara, con sede en el municipio de Caibarién.

Deroga la Resolución Conjunta suscrita por el Presidente del Instituto Nacional de la Vivienda y los ministros de Justicia y del Interior en fecha 22 de agosto de 1995, sobre la ejecución de las diligencias para el cumplimiento de la Ley No. 989, de 5 de diciembre de 1961; con el fin de que cada organismo establezca lo que a cada uno compete con respecto a la disposición de la vivienda y los bienes muebles que poseen las personas que pretenden emigrar

Dispone la apertura y puesta en funcionamiento del Registro Mercantil Territorial en la provincia de Mayabeque, con jurisdicción y competencia en esa provincia.

Dispone la apertura y puesta en funcionamiento del Registro Mercantil Territorial en la provincia de Artemisa, con jurisdicción y competencia en esa provincia.

Dispone la actualización de la denominación y del domicilio del Registro Mercantil Territorial de La Habana, con jurisdicción y competencia en esta provincia.

Establece el procedimiento para la instrumentación en escritura pública notarial de "Contrato de Permuta de Viviendas" donde al menos una tenga la condición de vinculada o medio básico, propiedad del Estado cubano asignada a los órganos, organismos de la administración central del Estado, cooperativas agropecuarias, organizaciones políticas, sociales o de masas, entidades estatales civiles o militares, o sus empresas, para el cumplimiento de sus funciones, y su posterior inscripción en el Registro de la Propiedad.

Dispone la obligación de los abogados, notarios y consultores jurídicos de reportar las operaciones que puedan presumirse de lavado de activos, financiamiento al terrorismo, proliferación de armas y otras relacionadas de similar gravedad que conzcan por el ejercicio de sus obligaciones y atribuciones a la Dirección General de Investigación de Operaciones Financieras del Banco Central.

Establece los servicios, las modalidades de cobro y las tarifas en pesos convertibles (CUC), a utilizar por las entidades autorizadas a prestar servicios jurídicos en esa moneda de conformidad con sus respectivos objetos sociales. Las tarifas se aplican a las personas naturales y jurídicas, cubanas o extranjeras. En el caso de las personas naturales cubanas residentes en el país solamente se aplican a la obtención, certificación y legalización de documentos para surtir efectos en el exterior.