Establece la remuneración a pagar a los abogados pertenecientes a la Organización Nacional de Bufetes Colectivos por los servicios contratados a personas jurídicas.

Encarga al Ministro de Economía y Planificación para que, dicte las indicaciones que resulten procedentes y necesarias para el mejor desenvolvimiento y eficacia de las relaciones económico-contractuales que se establezcan en el territorio nacional, para ser cumplidas por las personas jurídicas y naturales sujetos de los contratos económicos.

Extiende el beneficio concedido por la Resolución No. 174 de fecha 25 de junio de 2004, a las personas naturales y jurídicas que concurran como vendedores a los mercados agropecuarios estatales, para los cuales los consejos de la Administración de las asambleas provinciales o municipales del Poder Popular fijan precios máximos, hasta el 31 de diciembre del 2004.

Extiende hasta el 31 de octubre del 2004, el período de vigencia de la bonificación del Impuesto sobre las Ventas, a las personas naturales y jurídicas, que concurran como vendedores a los mercados agropecuarios estatales.

Establece una cuantía mínima para las personas jurídicas, nacionales o extranjeras como requisito para interponer demandas de contenido patrimonial ante las Salas de lo Económico de los Tribunales Provinciales Populares, ascendente a tres mil pesos moneda nacional ($3,000.00 CUP), o moneda libremente convertible ($3,000.00 CUC).

Refiere que son sujetos del Impuesto por la Utilización de la Fuerza de Trabajo las personas naturales y jurídicas, cubanas o extranjeras, que utilicen fuerza de trabajo asalariada.

Extiende el beneficio concedido por la Resolución No. 198, de fecha 12 de agosto de 2005, a las personas naturales y jurídicas que concurran como vendedores a los mercados agropecuarios estatales subordinados administrativamente al Ministerio de la Agricultura, para los cuales los consejos de la Administración de las asambleas provinciales o municipales del Poder Popular fijan precios máximos, hasta el 31 de diciembre de 2006.

Refiere que las personas jurídicas que pretendan actuar como agentes de seguros, en el territorio nacional, presentarán a esta superintendencia, a través de las entidades de seguros a las que estarán vinculadas o directamente de su representante legal, su solicitud de autorización.

Encarga al Ministro de Economía y Planificación para que, dicten las indicaciones que resulten procedentes y necesarias para el mejor desenvolvimiento y eficacia del Proceso Inversionista, incluida la Evaluación y la Aprobación de los Proyectos de Inversión y las tareas de la misma, para ser cumplidas por las personas jurídicas y naturales sujetos de dicho proceso.

Dicta las NORMAS SOBRE LA IMPORTACION Y EXPORTACION DE METALES PRECIOSOS Y PIEDRAS PRECIOSAS POR PERSONAS JURIDICAS.