Dispone el cobro en efectivo o electrónico del valor del impuesto sobre documentos públicos para la prestación de servicios notariales y registrales, cuando las personas naturales o jurídicas que solicitan dichos servicios no puedan entregar los sellos que acreditan el pago del referido impuesto en soporte físico, relacionado con las certificaciones para surtir efecto en el territorio nacional.