"Del régimen laboral especial de las personas privadas de libertad que trabajan dentro o fuera de los establecimientos penitenciarios".

Cuando un sancionado se encuentra extinguiendo una sanción subsidiaria a la privativa de libertad o en Remisión Condicional de la pena y es sancionado por un nuevo delito, si se tiene conocimiento de ello por el tribunal que ventila este último hecho, ya sea cometido con anterioridad o posterioridad a aquel, no resulta procedente imponer una nueva sanción subsidiaria, aunque fuere igual o distinta en calidad a la que estaba extinguiendo; y si se le impone desconociendo la existencia de aquella, cuando se tenga razón de tal particular se procederá a conformar Sanción Conjunta

Suprime el inciso 3), Antecedentes Penales, del Anexo No. 2, Documentos, de la Resolución No. 4/1999.

Las entidades empresariales y presupuestadas, empleadoras, mediante remuneración económica, de sancionados penalmente a privación de libertad o a sus sanciones subsidiarias, están obligadas a asumir las prestaciones de la Seguridad Social a corto plazo que correspondan recibir a estos de acuerdo al Régimen de Seguridad Social del país y aportar al Presupuesto de la Seguridad Social la contribución establecida por la Ley Anual del Presupuesto del Estado.

Establece que los sancionados penalmente a privación de libertad o a sus sanciones subsidiarias que trabajan fuera o dentro de los establecimientos penitenciarios percibiendo una remuneración económica, tienen derecho a recibir las prestaciones monetarias del Régimen de Seguridad Social en las contingencias de enfermedad y accidente de origen común o de trabajo, maternidad, invalidez y vejez y, en caso de muerte, su familia.

Suprime el cobro de las tarifas en efectivo por los servicios registrales que brindan las unidades siguientes:
 a) Oficinas del Registro Civil.
 b) Oficinas del Registro de Actos de Ultima Voluntad y de Declaratorias de Herederos.
 c) Registro Central de Sancionados.

Establece el procedimiento para hacer efectivo el pago de las prestaciones monetarias contenidas en el Decreto-Ley No. 243, de 2007, “Sobre la Seguridad Social de los sancionados penalmente a privación de libertad o a sus sanciones subsidiarias que trabajan”.

Aprueba el PROCEDIMIENTO PARA EL COBRO A LOS SANCIONADOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE DELITOS A FAVOR DE PERSONAS JURÍDICAS.

Refiere que en cada Tribunal Municipal Popular, se designará a uno o varios jueces profesionales, cuya labor fundamental consistirá en coordinar y controlar en la demarcación territorial correspondiente, el debido cumplimiento de las sanciones subsidiarias de la privación de libertad, remisión condicional de la sanción, medidas de seguridad predelictivas y beneficios de excarcelación condicionada, que las personas penalmente  sancionadas o aseguradas deben cumplir en libertad, pero sujetas a determinadas obligaciones y limitaciones instituidas por la Ley.

Establece el indulto total y definitivo de determinados sancionados.