Las entidades empresariales y presupuestadas, empleadoras, mediante remuneración económica, de sancionados penalmente a privación de libertad o a sus sanciones subsidiarias, están obligadas a asumir las prestaciones de la Seguridad Social a corto plazo que correspondan recibir a estos de acuerdo al Régimen de Seguridad Social del país y aportar al Presupuesto de la Seguridad Social la contribución establecida por la Ley Anual del Presupuesto del Estado.