Establece las condiciones para el  otorgamiento de créditos por los bancos a las formas productivas de la agricultura, concepto que incluye las empresas y granjas estatales, unidades básicas de producción cooperativa (UBPC), cooperativas de producción agropecuaria (CPA), cooperativas de crédito y servicios (CCS) y productores individuales.

Faculta al Presidente del Grupo Empresarial Marítimo, para aprobar las tarifas de los servicios que presta la Empresa de Servicios Portuarios Manuel Porto Dapena, de  Manipulación de Carga; aprueba el índice de la media de la clase para la Empresa Antillana de Salvamento; y establece la tasa de margen comercial de la Empresa Tradex.

Establece las regulaciones relativas al pago de la tasa de resarcimiento por los trabajos de investigación geológica pretéritos financiados por el Estado, realizados por titulares de derechos para la explotación y procesamiento de recursos minerales.

Modifica el Modelo SC-2-12 Factura, del Anexo Único de la Resolución 11, de 18 de enero de 2007, dictada por la Ministra de Finanzas y Precios que pone en vigor los datos de uso obligatorio al momento de diseñar determinados modelos de inventarios.

Realiza una bonificación del pago de la Tasa de Peaje en los polos turísticos y en determinadas autopistas de la Provincia de Matanzas.

Modifica de la Resolución No. 20 de fecha 11 de agosto de 1994, dictada por el Ministro de Finanzas y Precios, la tasa de ingreso por pasajero/kilómetro del Servicio Interurbano Especial y aprueba la tasa para la formación de las nuevas tarifas.

Modifica del Anexo I de la Resolución 313, de 25 de noviembre de 2020, lo relativo a las tasas máximas de margen comercial a aplicar por las empresas comercializadoras en los niveles de circulación y grupo de productos, así como sus especificidades.

Establece una tasa sanitaria por los servicios de Control Sanitario Internacional que realizan las autoridades de Salud Pública en los aeropuertos, puertos y marinas internacionales a las personas que arriben al territorio nacional.

Aprueba los indicadores para la formación de las tarifas, de los servicios técnicos que presta el Sistema de la Planificación Física a las personas jurídicas, y los de cálculo por tasa conceptual.

Establece que los titulares de derechos para la explotación de yacimientos de petróleo crudo y yacimientos niquelíferos pagan al Presupuesto del Estado una tasa de resarcimiento por los trabajos de investigación geológica pretéritos financiados por el Estado, realizados en dichos yacimientos.