Establece que las regulaciones del Decreto-Ley No. 310, del 29/05/2013, modificativo del Código Penal y la Ley de Procedimiento Penal, no se aplicarán a las causas que, al momento de su entrada en vigor, el 1ro. de octubre de 2013, se encuentren en tramitación por los respectivos tribunales populares, las que continuarán sustanciándose con arreglo al procedimiento anterior,  procediendo de la forma que regula esta instrucción por los mencionados órganos jurisdiccionales.

Establece que, a partir de la entrada en vigor, el 1 de octubre de 2013, del Decreto-Ley No. 310, de 29 de mayo de 2013, Modificativo del Código Penal y de la Ley de Procedimiento Penal, las disposiciones que permiten la actuación uniforme de los tribunales para la tramitación de los procesos en que se hayan interpuestos recursos de Apelación y se encuentren pendientes de resolver, y para la tramitación y decisión de esos recursos en lo sucesivo, por los Tribunales Provinciales Populares.

Adopta medidas que contribuyen al cumplimiento eficaz por los tribunales provinciales y municipales populares de sus atribuciones, y establece los procedimientos, requisitos, términos y registros correspondientes para la eficaz tramitación de los incidentes de ejecución de las sentencias penales.