Instruye sobre la reanudación, de manera gradual y progresiva, de la actividad judicial en general en el transcurso de las tres fases de la etapa de recuperación de la COVID-19.

Autoriza la utilización, en todas las instancias judiciales y materias jurisdiccionales del Sistema de Tribunales, de las plataformas y aplicaciones digitales, correo electrónico y otras vías telemáticas para la realización de los actos procesales de comunicación con las partes que deban verificarse personalmente, o por cédulas, que incluye las notificaciones de todas las resoluciones pronunciadas en los procesos judiciales.

Adecua la forma de proceder en procesos judiciales incoados a partir de lo dispuesto en el Decreto 14 “De las contravenciones contra la higiene comunal y las medidas sanitarias para la etapa de enfrentamiento a la Covid-19”.

Establece la pertinencia de que, en los casos en que resulte necesario, se utilice la videoconferencia en la tramitación de los procesos en todas las materias jurisdiccionales para realizar las audiencias y demás actos judiciales previstos en las leyes de procedimiento

Autoriza la modificación de la estructura y competencia de las actuales salas de lo Civil y Administrativo del Tribunal Provincial Popular de La Habana y la creación de una sala para conocer los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en materias civil y familia por los tribunales municipales populares de La Habana, la que se denominará Sala Tercera de lo Civil y Administrativo.

Convoca al concurso de oposición para aspirantes a plazas de jueces profesionales en los Tribunales Municipales Populares.

Actualiza su acuerdo número doscientos cincuenta y uno, en el sentido de modificar el conocimiento de la actual sección territorial del Tribunal Municipal Popular de Jovellanos y en consecuencia, su competencia abarca los territorios de Jovellanos y Pedro Betancourt, y el Tribunal Municipal Popular de Perico conocerá de los delitos sancionables con penas de 1 a 8 años de privación de libertad, correspondientes a su territorio, manteniéndose las demás secciones territoriales que aparecen en el referido Acuerdo.

Regula el modo de proceder, por los tribunales de justicia del país, en la etapa de recuperación de la COVID-19.