Deroga dictámenes en materia penal que han perdido vigencia, en algunos casos por la modificación o derogación posterior de las disposiciones legales en que se sustentaban, y en otros por la variación sustancial de los criterios expuestos en instrumentos jurídicos dictados por el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular.

Los tribunales de la jurisdicción civil podrán convocar a las partes a comparecencia con el objetivo de sanear el proceso de aquellas cuestiones litigiosas que subsistan luego de concluida la fase de alegaciones.

Convoca a ejercicios de oposición para quienes tengan interés de integrar las candidaturas para ingresar como jueces profesionales en las plazas vacantes de los tribunales municipales y tribunales provinciales populares del país.

Establece la aclaración a la disyuntiva presentada por el Tribunal de Santiago de Cuba sobre la calificación del delito de falsificación de documento, cuando la falsedad recae en una factura.

Dicta las instrucciones generales de carácter obligatorio para los Tribunales Populares, a los efectos de establecer una práctica judicial uniforme en la interpretación y aplicación de la Ley, especialmente para la comparecencia.

Aprueba que en cada Tribunal Municipal Popular, se designará a uno o varios jueces profesionales, cuya labor fundamental consistirá en coordinar y controlar en la demarcación territorial correspondiente, el debido cumplimiento de las sanciones subsidiarias de la privación de libertad, remisión condicional de la sanción, medidas de seguridad predelictivas y beneficios de excarcelación condicionada, que las personas penalmente sancionadas o aseguradas deben cumplir en libertad, pero sujetas a determinadas obligaciones y limitaciones instituidas por la Ley.