Instruye sobre la reanudación, de manera gradual y progresiva, de la actividad judicial en general en el transcurso de las tres fases de la etapa de recuperación de la COVID-19.

Autoriza la modificación de la estructura y competencia de las actuales salas de lo Civil y Administrativo del Tribunal Provincial Popular de La Habana y la creación de una sala para conocer los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en materias civil y familia por los tribunales municipales populares de La Habana, la que se denominará Sala Tercera de lo Civil y Administrativo.

Actualiza su acuerdo número doscientos cincuenta y uno, en el sentido de modificar el conocimiento de la actual sección territorial del Tribunal Municipal Popular de Jovellanos y en consecuencia, su competencia abarca los territorios de Jovellanos y Pedro Betancourt, y el Tribunal Municipal Popular de Perico conocerá de los delitos sancionables con penas de 1 a 8 años de privación de libertad, correspondientes a su territorio, manteniéndose las demás secciones territoriales que aparecen en el referido Acuerdo.

Regula el modo de proceder, por los tribunales de justicia del país, en la etapa de recuperación de la COVID-19.

Acuerda la creación de la Sala Cuarta de lo Penal en el Tribunal Provincial Popular de Santiago de Cuba.

Promueve y designa en el cargo de Magistrada del Tribunal Supremo Popular a la compañera DAYLIN GOZÁ VALDÉS.

Promueve y designa en el cargo de Magistrada del Tribunal Supremo Popular a la compañera ANA YULY MOJENA GONZALEZ.

Al ser presentado por el fiscal un expediente de fase preparatoria o un atestado, los tribunales verificarán cuidadosamente si en estos constan practicadas las diligencias de pruebas requeridas para la comprobación del hecho y las manifestaciones realizadas por el acusado, las circunstancias concurrentes, la participación o las declaraciones de las víctimas o perjudicados en lo relativo a las afectaciones recibidas y su comprobación cuando resulte necesario, por su trascendencia a la responsabilidad civil.

Dispone que hasta tanto se emita la nueva Ley de los Tribunales Populares, la elección y cese en sus funciones de los presidentes, vicepresidentes, presidentes de salas, y jueces profesionales de los tribunales municipales populares, se realice por los Consejos Provinciales respectivos, a propuesta del Presidente del Tribunal Supremo Popular.

Notifica la sentencia número 308 a la demandada, sociedad mercantil ANB GEOSPATIAL INC., creada bajo las leyes de las Islas Nevis.