Realiza una uniformidad en el proceder de los tribunales ante casos relacionados con el Derecho de Familia, tales como establecer los principios procesales que se observan en este tipo de procesos, la atención adecuada a menores que se ven inmiscuidos en los procesos familiares atendiendo al interés superior de los menores, así como establece una serie de medidas cautelares para estos procesos.

Establece principalmente que los tribunales de la jurisdicción económica, en los procesos ejecutivos y ordinarios sometidos a su conocimiento, exigirán, como requisito para su admisión, que junto al escrito promocional, se acompañe el contrato económico u otro documento análogo que justifique el vínculo entre las partes y, además, aquellos que acrediten la realización previa de gestiones de cobro de la deuda o del cumplimiento de la obligación en que se fundamenta la reclamación.

Establece precisiones referidas al contenido de las certificaciones expedidas por nuestros tribunales de las resoluciones firmes que hubieran dictado o de otras actuaciones que consten en los procesos judiciales a su cargo, las personas legitimadas a solicitarlas, el procedimiento y términos para su autorización, y modo de proceder ante situaciones de destrucción y deterioro de las actuaciones judiciales u otras de fuerza mayor.

Se convoca a los ejercicios de oposición para ingresar como jueces profesionales en el Sistema de Tribunales Populares.

Convoca a ejercicios de oposición a quienes tengan interés de integrar las candidaturas para ingresar como jueces profesionales en el Sistema de Tribunales Populares.

Aclara el reconocimiento como parte del coadyuvante en proceso administrativo en caso de que la Administración no comparezca al mismo.

Los tribunales de la jurisdicción civil podrán convocar a las partes a comparecencia con el objetivo de sanear el proceso de aquellas cuestiones litigiosas que subsistan luego de concluida la fase de alegaciones.

Convoca a ejercicios de oposición para quienes tengan interés de integrar las candidaturas para ingresar como jueces profesionales en las plazas vacantes de los tribunales municipales y tribunales provinciales populares del país.