Establece indicaciones a los tribunales para que actúen con el consecuente rigor necesario en casos que juzguen por delitos asociados a la apropiación, sustracción, desvío o destrucción de cables, angulares de las torres y otros componentes del Sistema Eléctrico Nacional; los elementos similares del Sistema de Comunicaciones, así como las traviesas y otros componentes de las vías férreas del país.

Modifica y suprime parte del articulado del Reglamento de la Ley de los Tribunales Populares

Establece como requisito para interponer demandas por incumplimiento de la obligación de pago derivada de contrato, en los procesos ejecutivos y ordinarios de la jurisdicción de las salas de lo económico de los tribunales populares, la cuantía mínima de 3000.00 pesos cubanos (CUC y CUP).

El Tribunal Provinicial Popular de la Habana interesa la actualización, en lo que corresponde a esta provincia, del Acuerdo 251/13 del Consejo de Gobierno del Tribula Supremo Popular, para adecuar la estructura y plantilla del sistema de Tribunales Populares. Se suprime la sección territorial del Tribunal Municipal Propular de Plaza de la Revolución .

Establece la modificación de la estructura judicial del Sistema de Tribunales Populares en materia penal, solo en los casos requeridos, manteniendo el resto de los órganos y estructuras vigentes, dejar sin efecto, en lo pertinente, los acuerdos adoptados con anterioridad en ese sentido y disponer la competencia territorial, la denominación y sedes permanentes en las que radicarán las salas y secciones.

Adopta medidas que contribuyen al perfeccionamiento del proceso civil, en consonancia con los principios de moralidad, inmediacion e impulso procesal.

Realiza una uniformidad en el proceder de los tribunales ante casos relacionados con el Derecho de Familia, tales como establecer los principios procesales que se observan en este tipo de procesos, la atención adecuada a menores que se ven inmiscuidos en los procesos familiares atendiendo al interés superior de los menores, así como establece una serie de medidas cautelares para estos procesos.

Establece principalmente que los tribunales de la jurisdicción económica, en los procesos ejecutivos y ordinarios sometidos a su conocimiento, exigirán, como requisito para su admisión, que junto al escrito promocional, se acompañe el contrato económico u otro documento análogo que justifique el vínculo entre las partes y, además, aquellos que acrediten la realización previa de gestiones de cobro de la deuda o del cumplimiento de la obligación en que se fundamenta la reclamación.

Establece precisiones referidas al contenido de las certificaciones expedidas por nuestros tribunales de las resoluciones firmes que hubieran dictado o de otras actuaciones que consten en los procesos judiciales a su cargo, las personas legitimadas a solicitarlas, el procedimiento y términos para su autorización, y modo de proceder ante situaciones de destrucción y deterioro de las actuaciones judiciales u otras de fuerza mayor.

Se convoca a los ejercicios de oposición para ingresar como jueces profesionales en el Sistema de Tribunales Populares.