Adecua las formas de financiación, asignación, posesión y pago de las viviendas que se asignan por el Estado como parte de las políticas públicas aprobadas.
El Instituto Nacional de la Vivienda, antes del 22 de abril del 2000, procederá a determinar la situación legal de los residentes en la zona disponiendo la solución que en cada caso corresponde de acuerdo con lo Establecido en la Ley.
Actualiza la Resolución 159/87 condicionándola a las coyunturas actuales de la creación de capacidades habitacionales, y establecindo los nuevos parámetros que determinen cuando la vivienda se considera terminada.
Prorroga hasta el 31 de diciembre de 2025, el plazo para la aplicación del proceso de ordenamiento y legalización de viviendas, cuartos, habitaciones, accesorias y locales.