Modifica el Acuerdo No. 3 de 2020 y actualiza el Acuerdo No. 251 de 2013 restableciendo las competencias de los tribunales municipales populares de Madruga y Güines en cuanto al conocimiento de los procesos judiciales.

Emplaza a la demandada, sociedad mercantil española Macromax Holding A.V.V., creada bajo las leyes de Aruba para contestación.

Establece la forma de acreditar la representación procesal de las personas jurídicas en los tribunales.

Define el modo uniforme de actuación de los tribunales, en la tramitación de los procesos judiciales de la materia civil, que contengan pretensiones o condenas en pesos convertibles (CUC) tomando en cuenta las disposiciones referentes al ordenamiento monetario.

Define el modo uniforme de actuación de los tribunales en la tramitación de los procesos judiciales de la materia económica que, contengan pretensiones o condenas en pesos convertibles (CUC) y se encuentren en curso a la entrada en vigor de las disposiciones referentes al ordenamiento monetario.

Establece la cuantía mínima de 30 000.00 pesos cubanos como requisito para interponer demandas en los procesos ordinarios y ejecutivos de la materia económica, por incumplimiento de la obligación de pago derivada de contrato económico, en los cuales ambas partes son entidades estatales o sociedades mercantiles con capital cubano.

Autoriza, en los procesos penales relacionados con el delito de incumplimiento de las obligaciones derivadas de la comisión de contravenciones, el pago de la multa administrativa en cualquier momento.

Actualiza los Acuerdos No. 251 del año 2013 y No. 3 del año 2020 y en consecuencia los tribunales municipales populares de la provincia Mayabeque conocerán en lo sucesivo, los procesos judiciales de la materia penal, de su competencia, que se originen en sus respectivas demarcaciones.

Asigna el conocimiento de los litigios que se generan a lo interno de las cooperativas no agropecuarias al ámbito jurisdiccional judicial.

 Instruye sobre la reanudación, de manera gradual y progresiva, de la actividad judicial en general en el transcurso de las tres fases de la etapa de recuperación de la COVID-19.