Actualiza su Acuerdo número doscientos cincuenta y uno y en consecuencia se dispone constituir para el conocimiento de los procesos penales sancionables hasta 8 años de privación de libertad, la sección territorial del Tribunal Municipal Popular de Marianao, cuya competencia abarca los territorios de Marianao y La Lisa.

Establece indicaciones a los tribunales para que actúen con el consecuente rigor necesario en casos que juzguen por delitos asociados a la apropiación, sustracción, desvío o destrucción de cables, angulares de las torres y otros componentes del Sistema Eléctrico Nacional; los elementos similares del Sistema de Comunicaciones, así como las traviesas y otros componentes de las vías férreas del país.

Establece como requisito para interponer demandas por incumplimiento de la obligación de pago derivada de contrato, en los procesos ejecutivos y ordinarios de la jurisdicción de las salas de lo económico de los tribunales populares, la cuantía mínima de 3000.00 pesos cubanos (CUC y CUP).

Actualiza el procedimiento del Ministerio de Energía y Minas para la puesta en práctica del Decreto 313, de fecha 18/6/2013 y de la Resolución 283 de la Ministra de Finanzas y Precios, de fecha 15/7/2013, en relación con el depósito conservación y destino de los bienes muebles que se ocupan en procesos penales o confiscatorios adminitrativos.

Aplicación de la condición de reincidente y multirreincidente

Establece que los procesos que al comenzar la aplicación de la Ley 116 de 2013 y de su Reglamento, el Decreto 326 de 2014, se encuentren inconclusos o se promuevan con posterioridad a la puesta en vigor de los referdidos cuerpos legales, y traigan causa de hechos en materia de disciplina o presuntamente violatorios de derechos del trabajo, sancionados o enmarcados en la vigencia del anterior Código de Tabajo y sus normas complementarias, se tramitarán y resolverán, al amparo de la legislación vigente en el momento de su promoción ante el órgano primario en la solución del conflicto.

Actualiza las regulaciones emitidas por el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular y su Presidente, en lo que atañe al depósito, conservación y disposición de los bienes que se ocupan en los procesos penales y confiscatorios administrativos.

Establece que las regulaciones del Decreto-Ley No. 310, del 29/05/2013, modificativo del Código Penal y la Ley de Procedimiento Penal, no se aplicarán a las causas que, al momento de su entrada en vigor, el 1ro. de octubre de 2013, se encuentren en tramitación por los respectivos tribunales populares, las que continuarán sustanciándose con arreglo al procedimiento anterior,  procediendo de la forma que regula esta instrucción por los mencionados órganos jurisdiccionales.

Establece la designación de las empresas Atención a Equipos, EMAE, Comercializadora DIVEP, ambas pertenecientes al grupo Empresarial de la Industria Sideromecánica, GESIME, y la Empresa de Gases Industriales, como entidades depositarias y comercializadoras de bienes sujetos a procesos penales o confiscatorios administrativos.