Aprueba el procedimiento para la recepción, control sanitario, conservación, entrega, comercialización y destino final de los bienes en depósito en el Ministerio de Salud Pública, y regulaciones higiénico-sanitarias a aplicar con los bienes que se van a depositar que son para el consumo o uso humano.

Aprueba el Reglamento para el depósito, custodia, conservación y destino final de los bienes culturales muebles con valor patrimonial y museable y de otros bienes muebles de interés cultural para la nación decomisado o confiscado en procesos penales y confiscatorios penales y confiscatorios administrativos.

Establece la designación de la Agencia de Control y Supervisión del Ministerio de Comunicaciones como entidad depositaria de los bienes que se ocupan en procesos penales o confiscatorios administrativos.

Establece el procedimiento contable , de precios y financiero, de los bienes ocupados en procesos penales o administrativos confiscatorios.

Aprueba el procedimiento para la puesta en práctica del Decreto 313 y la Resolución 283 del Ministerio de Finanzas y Precios en relación con el depósito y conservación de los bienes que se ocupan en procesos penales o confiscatorios administrativos.

Abunda sobre el depósito, conservación y disposición de los bienes muebles que se ocupan en procesos penales y confiscatorios administrativos.

Modifica la Ley No. 6, “Ley Procesal Penal Militar”, de 8 de agosto de 1977, incluyendo en un Capítulo el Procedimiento abreviado, procedimiento que coadyuva a ofrecer una respuesta más ágil a la actividad delictiva, sin perjuicio de los derechos y garantías de los acusados.

Establece que cuando del examen de un proceso judicial se advierta por la Sala de justicia, por la Sección del Tribunal Municipal o por el Tribunal Militar que lo tramita, la incidencia de hechos que pudieran afectar la transparencia de la administración del patrimonio público, además de ponerlo en conocimiento de la Fiscalía deberá igualmente hacerlo saber por escrito a la Contralora General de la República o en su caso, a los contralores jefes provinciales y del municipio especial de Isla de la Juventud.

Establece precisiones referidas al contenido de las certificaciones expedidas por nuestros tribunales de las resoluciones firmes que hubieran dictado o de otras actuaciones que consten en los procesos judiciales a su cargo, las personas legitimadas a solicitarlas, el procedimiento y términos para su autorización, y modo de proceder ante situaciones de destrucción y deterioro de las actuaciones judiciales u otras de fuerza mayor.

Aclara que cuando las Salas de lo Civil y de lo Administrativo reciban una demanda en la que impugnen resolución dictada por la dirección de la vivienda en la cual se deniegue el derecho que motivó la promoción y a la vez declare ilegal al solicitante, deben admitir y tramitar el asunto en la vía judicial por el derecho reclamado, siempre que éste sea susceptible de conocimiento en proceso administrativo, con independencia de la declaración de ocupante ilegal que contenga la resolución impugnada.