Autoriza, en los procesos penales relacionados con el delito de incumplimiento de las obligaciones derivadas de la comisión de contravenciones, el pago de la multa administrativa en cualquier momento.

Actualiza los Acuerdos No. 251 del año 2013 y No. 3 del año 2020 y en consecuencia los tribunales municipales populares de la provincia Mayabeque conocerán en lo sucesivo, los procesos judiciales de la materia penal, de su competencia, que se originen en sus respectivas demarcaciones.

Asigna el conocimiento de los litigios que se generan a lo interno de las cooperativas no agropecuarias al ámbito jurisdiccional judicial.

 Instruye sobre la reanudación, de manera gradual y progresiva, de la actividad judicial en general en el transcurso de las tres fases de la etapa de recuperación de la COVID-19.

Autoriza la utilización, en todas las instancias judiciales y materias jurisdiccionales del Sistema de Tribunales, de las plataformas y aplicaciones digitales, correo electrónico y otras vías telemáticas para la realización de los actos procesales de comunicación con las partes que deban verificarse personalmente, o por cédulas, que incluye las notificaciones de todas las resoluciones pronunciadas en los procesos judiciales.

Adecua la forma de proceder en procesos judiciales incoados a partir de lo dispuesto en el Decreto 14 “De las contravenciones contra la higiene comunal y las medidas sanitarias para la etapa de enfrentamiento a la Covid-19”.

Establece la pertinencia de que, en los casos en que resulte necesario, se utilice la videoconferencia en la tramitación de los procesos en todas las materias jurisdiccionales para realizar las audiencias y demás actos judiciales previstos en las leyes de procedimiento

Regula el modo de proceder, por los tribunales de justicia del país, en la etapa de recuperación de la COVID-19.

Dispone la suspensión y detención temporal inmediata de la tramitación e impulso procesal de los asuntos o procesos judiciales en curso, atendiendo a la especial situación en que se encuentra el país como resultado del cumplimiento de las medidas implementadas por el Estado y el Gobierno de la República, para prevenir y enfrentar los riesgos y efectos de la propagación de la pandemia de la COVID-19.

Regula la forma de proceder de los tribunales ante los procesos judiciales interpuestos por las personas a quienes se les hayan confiscado bienes de su propiedad por resolución administrativa dictada por órgano facultado, a tales efectos en el ejercicio de sus funciones.