Establece precisiones referidas al contenido de las certificaciones expedidas por nuestros tribunales de las resoluciones firmes que hubieran dictado o de otras actuaciones que consten en los procesos judiciales a su cargo, las personas legitimadas a solicitarlas, el procedimiento y términos para su autorización, y modo de proceder ante situaciones de destrucción y deterioro de las actuaciones judiciales u otras de fuerza mayor.

Aclara que cuando las Salas de lo Civil y de lo Administrativo reciban una demanda en la que impugnen resolución dictada por la dirección de la vivienda en la cual se deniegue el derecho que motivó la promoción y a la vez declare ilegal al solicitante, deben admitir y tramitar el asunto en la vía judicial por el derecho reclamado, siempre que éste sea susceptible de conocimiento en proceso administrativo, con independencia de la declaración de ocupante ilegal que contenga la resolución impugnada.

Aclara el reconocimiento como parte del coadyuvante en proceso administrativo en caso de que la Administración no comparezca al mismo.

Los tribunales de la jurisdicción civil podrán convocar a las partes a comparecencia con el objetivo de sanear el proceso de aquellas cuestiones litigiosas que subsistan luego de concluida la fase de alegaciones.