Establece para las personas jurídicas, nacionales o extranjeras, una cuantía mínima como requisito para interponer demandas de contenido patrimonial ante las Salas de lo Económico de los Tribunales Provinciales Populares, ascendente a quinientos pesos moneda nacional ($500.00 CUP), o moneda libremente convertible ($500.00 CUC) y dispone sus excepciones

Establece indicaciones a los tribunales para que actúen con el consecuente rigor necesario en casos que juzguen por delitos asociados a la apropiación, sustracción, desvío o destrucción de cables, angulares de las torres y otros componentes del Sistema Eléctrico Nacional; los elementos similares del Sistema de Comunicaciones, así como las traviesas y otros componentes de las vías férreas del país.

Deja sin efecto los instrumentos legales aprobados en materia laboral por el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular, que son  Instrucción No. 144 de 16 de junio de 1992; Instrucción No. 157 de 8 de diciembre de 1997; Acuerdo No. 88 de 11 de junio de 1985; Acuerdo No. 36 de 8 de marzo de 1988; Dictamen No. 329 de 15 de abril de 1992 y el Dictamen No. 346 de 2 de junio de 1993.

Establece aclaraciones en cuanto a la competencia de los tribunales municipales populares y dicta que estos sólo podrán conocer en proceso de ejecución, sin exclusión o distinción alguna, de las resoluciones firmes que hayan dictado conforme a lo dispuesto en el Libro Tercero, Título I de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico.

Hace una interpretación y precisión en consonancia con la normativa vigente, Ley No. 49 de 28 de diciembre de 1984 “Código de Trabajo” y la Resolución No. 8 de 1ro. de marzo de 2005, del Ministro de Trabajo y Seguridad Social, “Reglamento General sobre Relaciones Laborales”, en relación al derecho del trabajador a dar por terminado por voluntad propia el Contrato de Trabajo que lo vincula a un determinado centro laboral.

Deja sin efecto la Instrucción No. 142 de 25 de septiembre de 1991, dictada por el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular, y con ello la vigencia y aplicación por las Salas de lo Económico de los Tribunales Populares, de determinadas Instrucciones Jurisdiccionales del Organo Nacional de Arbitraje Estatal.

Establece la Convocatoria a Concurso de Oposición para aspirantes a plazas de Jueces Profesionales en Tribunales Provinciales y Municipales Populares

Modifica y suprime parte del articulado del Reglamento de la Ley de los Tribunales Populares

Se emplaza, notifica y cita a la sociedad mercantil de nacionalidad panameña Ingelco S.A., como demandada en el proceso ordinario sobre Disolución y Liquidación de la Empresa Mixta Río Zaza S.A.

Establece como requisito para interponer demandas por incumplimiento de la obligación de pago derivada de contrato, en los procesos ejecutivos y ordinarios de la jurisdicción de las salas de lo económico de los tribunales populares, la cuantía mínima de 3000.00 pesos cubanos (CUC y CUP).