Dispone la modifica el párrafo segundo del artículo 7 del Reglamento de la Ley de los Tribunales Populares, y el Acuerdo No. 26 de este Consejo de Gobierno de diez de marzo del año dos mil diez, sobre Administración Interna.

Convoca a ejercicios de oposición a quienes tengan interés de integrar las candidaturas para ingresar como jueces profesionales en el Sistema de Tribunales Populares.

Autoriza a las Salas de lo Económico de los Tribunales Provinciales Populares para utilizar la vía del correo electrónico para cursar a las partes un “aviso de notificación” de las resoluciones judiciales dictadas que impongan a estas una carga procesal, sin perjuicio de la obligación de las mismas de acudir ante la sala a notificarse de la resolución dictada en el término de ley y de los efectos de su incomparecencia a dicha actuación, lo que deberá constar de dicho aviso a modo de apercibimiento.

Aclara que según lo que dispone la Ley General de la Viviendala transmisión de la propiedad de una vivienda con motivo del fallecimiento de su propietario debe hacerse a través de la figura del Notario Público y el Tribunal no puede aprobar el acuerdo a que hubiesen arribado los interesados, deviniendo además para el órgano judicial tácita prohibición acceder a tal pretensión

Aclara que en el caso de procesos sucesorios de declaratoria de herederos en que sea manifiesta la contradicción entre partes, igualmente en caso de que se hubiese excluido algún heredero, deberá darse traslado al Tribunal Municipal correspondiente y procederse al correspondiente asiento en el Registro de Actos de Última Voluntad.

Aclara que el procedimiento de declaratoria de herederos corresponde a los artículos 535 y 538, comprendidos en el Título II, del Libro Cuarto de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico relativo a los procesos sucesorios, por lo que procede reputarse como un proceso de este tipo, a pesar de su naturaleza por excelencia no contenciosa y por tanto corresponde su radicación al Libro de Asuntos Civiles y no al de Jurisdicción Voluntaria.

Aclara que cuando se trate de bienes comunes en un matrimonio disuelto por sentencia de divorcio, los tribunales sustanciarán su liquidación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 392 de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico.

Aclara que la referencia al artículo 400 de la Ley de Procedimiento Civil y Administrativo contenida en el Acuerdo No. 99 de 11 de febrero de 1976, debe entenderse respecto al artículo 392 de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico.

Aclara que según el artículo 29 del Código de Familia el régimen económico del matrimonio será el de la comunidad de bienes y este existirá desde el momento que se formalice el mismo o desde la fecha en que fuera reconocido por tribunal competente, en consecuencia no procede admitir y sustanciar procesos sobre división de bienes adquiridos en la unión entre un hombre y una mujer mientras dicha unión no fuera reconocida judicialmente conforme a los artículos 18 y 19 del Código de Familia.

Aclara que en la ejecutoria en que se decreta un divorcio se inscribe en el Registro Civil en que se hubiera extendido el matrimonio, consignándose las notas marginales correspondientes y en lo que se refiere al incidente promovido dentro de un proceso principal se deben tramitar en piezas separadas, y su radicación corresponde al libro de Incidentes.