Establece la aclaración a la disyuntiva presentada por el Tribunal de Santiago de Cuba sobre la calificación del delito de falsificación de documento, cuando la falsedad recae en una factura.

Dicta las instrucciones generales de carácter obligatorio para los Tribunales Populares, a los efectos de establecer una práctica judicial uniforme en la interpretación y aplicación de la Ley, especialmente para la comparecencia.

Aprueba que en cada Tribunal Municipal Popular, se designará a uno o varios jueces profesionales, cuya labor fundamental consistirá en coordinar y controlar en la demarcación territorial correspondiente, el debido cumplimiento de las sanciones subsidiarias de la privación de libertad, remisión condicional de la sanción, medidas de seguridad predelictivas y beneficios de excarcelación condicionada, que las personas penalmente sancionadas o aseguradas deben cumplir en libertad, pero sujetas a determinadas obligaciones y limitaciones instituidas por la Ley.