Aclara que la referencia a la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral contenida en Acuerdo No. 174, Dictamen No. 59, de fecha 20 de abril de 1979, debe entenderse respecto a la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico y también la referencia a la Ley No. 4 de 1977, debe entenderse respecto a la Ley No. 82 “De los Tribunales Populares” de 11 de julio de 1997.

Aclara que sobre los bienes agropecuarios no puede disponerse por testamento, por lo que en los testamentos que contengan cláusulas instituyendo herederos, o legatarios de estos bienes  dichas cláusulas son nulas a todos los efectos legales, y así debe declararse en los trámites que determinan el Libro Cuarto del Proceso Sucesorio, dando siempre cuenta al Ministerio de Agricultura, y en su caso, a sus delegaciones territoriales informando, además, los nombres de los herederos o legatarios y cuantos informes les sean requeridos al efecto.

Aclara que el incumplimiento de la orden dada por funcionarios competentes a que se refiere el párrafo cuarto del artículo 417 de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico, reúne todos los elementos típicos del delito previsto en el artículo 147, apartado primero, del Código Penal; porque de modo manifiesto se incumple un mandato legal, con apercibimiento de las responsabilidades en que pudiera incurrir a quien se le ordene la paralización de una obra nueva.

Aclara que en casos de embargos decretados en trámite de ejecución de sentencia, debe estarse a lo dispuesto en el artículo 477 de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico.

Dispone dejar sin efecto Acuerdos dictados sobre materia general, sucesoria y de divorcio.

Modifica el Acuerdo número 38 de 1978 y aclara que en presencia de demandado cuyo exacto paradero se ignore por el Tribunal, éste debe aplicar para el emplazamiento el procedimiento establecido en el artículo 169 de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico y, además agotar de oficio todos los medios para lograr que la demanda llegue al conocimiento del interesado.

Modifica el Dictámen 419 de 1976  y aclara sobre la pérdida de la patria potestad de uno o ambos padres a instancia de uno de los cónyuges o del Fiscal.

Modifica el dictámen 150 de 1976 y establece que deben tramitarse en proceso ordinario las demandas relativas a la reclamación de la patria potestad o su pérdida, y desde luego, el Tribunal competente lo es el Provincial Popular respectivo;  cuando el problema consiste simplemente en el ejercicio de la patria potestad y no se ventila dentro del proceso de divorcio, debe utilizarse el procedimiento sumario y el tribunal competente lo es el municipal respectivo.

Modifica el Dictamen No. 186, de fecha 8 de mayo de 1984 y dispone que deben tramitarse de manera separada los expedientes de tutela e incapacidad cuando no se cumplan los requisitos del artículo 85 de la LPCALE.

Modifica el Acuerdo 559 de 1975, y aclara que puede hacerse extensivo a los autos definitivos la posiblilidad de aclaración de los mismos que tienen los tribunales, por lo que  no es procedente anular auto definitivo dictado con errores materiales sustituyéndolo por otro, sino dictar auto aclaratorio subsanando el error material en que se incurrió.